DENVER — Los precios inflados de la vivienda en los últimos años se han colado en todos los rincones de Colorado. En las ciudades turísticas de las Montañas Rocosas, los recién llegados adinerados se tragan la menguante oferta de viviendas. En Denver, los inquilinos deben aproximadamente $32 millones en renta atrasada. Y en los parques de casas móviles, los últimos bastiones de asequibilidad del estado, los inversionistas de fuera del estado están comprando la tierra y aumentando los precios de arrendamiento.
Los residentes de Colorado que están hartos de la situación, han tomado la crisis en sus propias manos y votarán el martes sobre una serie de medidas electorales locales y estatales destinadas a controlar el aumento del costo de la vivienda.
La Oficina del Censo de los EE. UU. descubrió que más de la mitad de todos los inquilinos de Colorado se consideran agobiados por el alquiler, gastando más del 30 % de sus ingresos en alquiler en 2020.
Los precios de las viviendas en Colorado se encuentran entre los más altos del país cuando se tiene en cuenta cuánto ganan los residentes. Solo en el área metropolitana de Denver, los precios de las viviendas se dispararon un 35 % en los últimos dos años, un aumento mayor que el de la ciudad de Nueva York y San Francisco, según datos de la empresa de bienes raíces Redfin.
Proposición 123
Tyler Randolph, maestro de octavo grado en Denver, dijo que si una solución de vivienda asequible no proviene de quienes él eligió, “tiene que venir de otro lado”.
Votó a favor de la Proposición 123, una medida estatal que asignaría aproximadamente $300 millones en ingresos fiscales estatales a viviendas de bajo costo cada año. Es la única medida estatal de vivienda asequible en el país que se decidirá en las elecciones de mitad de período del martes.
Los votantes en al menos 13 comunidades o condados de Colorado están considerando medidas que aumentarían los impuestos sobre los alquileres a corto plazo, como los que se reservan a través de Airbnb y Vrbo, o redirigirían los impuestos existentes sobre ellos para ayudar con los costos de vivienda, al menos en parte.
Ordenanza iniciada 305
En la ciudad más grande de Colorado, Denver, los residentes están considerando imponer una tarifa a la mayoría de los propietarios que financiaría a los abogados de los inquilinos que enfrentan el desalojo, lo que ampliaría la representación gratuita que ya pueden recibir los inquilinos de bajos ingresos.
Los referéndums de vivienda llegan cuando desaparecen los últimos restos de la asistencia de alquiler de la era de la pandemia que actuó como un baluarte contra el desalojo de decenas de miles de habitantes de Colorado.
“La gente está luchando con la necesidad extrema y la inmediatez del desplazamiento, de la gentrificación, del alto costo de vida”, dijo Zach Neumann, director ejecutivo del Proyecto de Defensa de Desalojo de COVID-19 de Colorado, que respaldó la medida electoral estatal. "Están diciendo: '¿Qué puedo hacer ahora mismo en mi comunidad para abordar las consecuencias reales de eso?'"
El martes, Edna W. Williams, de 91 años, se paró detrás de su puerta mosquitera hablando con un alegre encuestador que intentaba persuadirla para que votara por la medida electoral.
Anteriormente enfermera en el cuidado de personas mayores, Williams les dijo a los encuestadores que ha visto el aumento inexorable de los alquileres empujando a las personas mayores que dependen de los ingresos fijos del Seguro Social fuera de sus hogares. Dijo que apoya la iniciativa para que las personas mayores con dificultades “puedan morir sabiendo que a la gente le importaba lo suficiente”.
La propuesta a nivel estatal no aumentaría los impuestos, pero consumiría un reembolso de impuestos que los habitantes de Colorado reciben cada año en virtud de una enmienda constitucional llamada Declaración de Derechos del Contribuyente.
Los opositores dicen que la propuesta tomaría una parte demasiado grande de los populares cheques TABOR.
El estado debería eliminar las onerosas regulaciones y tarifas de construcción en lugar de socavar los reembolsos de los habitantes de Colorado, dijo Michael Fields, asesor principal de un grupo de defensa conservador llamado Advance Colorado Action que se opone a la medida.
"Todo el mercado está fuera de control", dijo Fields. “Tenemos que construir más, no gravar más".
La medida de Denver obligaría a la mayoría de los propietarios de la ciudad a pagar $75 anuales para financiar los abogados de cada inquilino que enfrenta el desalojo. Los partidarios de la medida dicen que ayudaría con una representación desproporcionada en la sala del tribunal.
Entre julio de 2017 y junio de 2021, los propietarios de Colorado tuvieron asesoramiento legal en el 77 % de los casos de desalojo, mientras que los inquilinos solo estuvieron representados en el 1.3 %, según un análisis de Enterprise, una organización nacional de vivienda asequible.
Los inquilinos sin representación tenían menos probabilidades de llegar a un acuerdo con el propietario y más probabilidades de ser desalojados, encontró el informe.
La Cámara del Congreso del Metro de Denver se opone a la medida, argumentando que las tarifas se pasarán a los inquilinos en forma de alquileres más altos. Adam Burg, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la cámara, argumentó que las protecciones existentes para los inquilinos de ingresos bajos y moderados, junto con las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asesoramiento legal, son suficientes.
Medidas de alquiler a corto plazo
Al oeste de Denver, entre los riscos de las Montañas Rocosas, al menos 13 comunidades o condados tienen medidas electorales que aumentarían los impuestos sobre los alquileres a corto plazo o redirigirían los impuestos existentes sobre ellos para, en parte, ayudar a cubrir los costos de vivienda.
Cuando se le preguntó acerca de las medidas, Tom Martinelli, gerente sénior de políticas públicas de Airbnb, dijo: "Los expertos están de acuerdo en que el problema de la vivienda asequible en las comunidades de los EE. UU. puede reducirse a simplemente no construir suficientes viviendas asequibles".
Martinelli agregó que Airbnb apoya la medida electoral de vivienda en todo el estado de Colorado.
El amplio movimiento para aumentar los impuestos sobre los alquileres a corto plazo busca contrarrestar los cambios dramáticos en el mercado de la vivienda provocados en parte por la revolución del trabajo remoto de la pandemia. En seis condados populares de las Montañas Rocosas, una ola de recién llegados de la era de la pandemia, la mayoría con ingresos de más de $150,000 al año, superó a los locales en un frenesí récord por la escasez de viviendas, según una encuesta de la Asociación de Ciudades de Esquí de Colorado.
En uno de los condados, el condado Pitkin, la ciudad de Aspen experimentó un aumento en el valor medio de las viviendas de casi $1 millón desde el comienzo de la pandemia, según datos de Zillow.
La concejal de la ciudad, Rachel Richards, dijo que los altos costos han estrangulado los servicios más básicos de Aspen. Enfrentada a una fuerza policial críticamente insuficiente durante el verano, la ciudad compró dos condominios por $ 1 millón cada uno para atraer a dos oficiales más a unirse a la fuerza, dijo.
En respuesta a la crisis, el Concejo Municipal agregó una iniciativa electoral que aumentaría los impuestos entre un 5 % y un 10 % sobre los alquileres a corto plazo en función de si las unidades están ocupadas por sus propietarios. Un poco más de dos tercios de esos ingresos se destinarían a proyectos de vivienda asequible en la comunidad.
“Tienes que participar en tu propio rescate”, dijo Richards.
Ben Wolff, gerente general de Frias Properties of Aspen, una empresa que administra alquileres a corto plazo, le preocupa que un aumento en los impuestos impida la capacidad de la ciudad turística para atraer a los vacacionistas. En cambio, su organización propone un impuesto más bajo en todos los sectores de la economía.
“Es el problema correcto pero la solución equivocada”, dijo Wolff.
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