AURORA, Colo. — Un juez del condado Adams ordenó a los propietarios de un complejo de apartamentos en Aurora que ayuden a sus antiguos inquilinos a encontrar nueva vivienda después de que la ciudad consideró que su edificio no era un lugar seguro para vivir.
La orden judicial es una respuesta a una demanda colectiva que detalla un historial de años de preocupaciones sobre la condición del edificio. Benjamin DeGolia es un abogado que representa a un antiguo residente del edificio ubicado en Colfax Avenue y Nome Street en Aurora.
"Se trata de que los propietarios fundamentalmente no cumplen con sus obligaciones bajo la ley de Colorado, y nada más", dijo DeGoila.
Lea la demanda, emitida el 12 de agosto, en inglés:
El cliente de DeGoila fue uno de más de 300 residentes que fueron repentinamente forzados a abandonar el edificio el martes, 13 de agosto, después de que la ciudad lo cerrara debido a un historial de violaciones de código.
En la demanda, emitida el lunes, 12 de agosto, los abogados detallan quejas frecuentes sobre inundaciones, moho negro, infestaciones de roedores, calefacción rota y falta de agua caliente en el edificio desde el 2021. La demanda dice que los problemas llegaron a un punto crítico a principios de este año, cuando los propietarios esencialmente abandonaron el edificio. Dejaron de pagar la factura del agua y dejaron de recoger la basura.
La empresa propietaria, CBZ Management, dijo que una reciente toma de control por una pandilla venezolana obligó a la ciudad a cerrar la propiedad. Tanto la ciudad como la demanda afirman que este no es el caso, y que los propietarios — quienes son de otro estado — fueron los responsables de fomentar las condiciones no seguras en el edificio.
"Estos propietarios también permitieron que persistiera un ambiente inseguro y probablemente fomentaron actividad criminal", dijo DeGoila. "Numerosos residentes se quejaron de que las puertas del edificio nunca estaban aseguradas, las ventanas rotas nunca fueron reparadas, las entradas del edificio nunca fueron reparadas y a menudo se dejaban abiertas".
Un juez de distrito otorgó una orden de restricción temporal contra los propietarios el miércoles, 14 de agosto, exigiendo que la empresa proporcione una unidad habitable o una habitación de hotel para cualquier residente desplazado que lo pida. La orden durará dos semanas, a menos que el juez decida extenderla.
Lea la orden completa en inglés:
En última instancia, la demanda busca alquileres atrasados para los residentes que vivieron en el edificio desde el 2022.