COLORADO, USA — Después de la sentencia de Rogel Aguilera-Mederos, quien fue condenado por el accidente en la I-70 que mató a cuatro personas, se inició una petición para que el gobernador demócrata Jared Polis que conmute su sentencia.
Aguilera-Mederos fue condenado a 110 años de prisión.
A partir del jueves, la petición en sí ha obtenido más de 2 millones de firmas.
Un portavoz de la oficina del gobernador Polis dijo a 9NEWS en un comunicado: "Somos conscientes de este problema, el gobernador y su equipo revisan cada solicitud de clemencia individualmente". Sin embargo, no se sabe si se presentó una solicitud de indulto.
En cuanto a la duración de la sentencia, el juez Bruce Jones dijo que tenía las manos atadas.
"En todas las declaraciones sobre el impacto de las víctimas que leí, no extraje de ellas a alguien que dijera: 'Debería estar en prisión por el resto de su vida, y nunca jamás debería salir", dijo Jones durante la sentencia de esta semana. "Lejos de eso. Había perdón reflejado en esas declaraciones, pero también un deseo de que fuera castigado y cumpliera condena en prisión, y comparto esos sentimientos".
Expertos como Ian Farrell, profesor asociado de la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver, dicen que hay varios factores que influyeron en la duración de la sentencia, y que gira en torno a la ley de Colorado sobre sentencias obligatorias por delitos violentos.
"Entonces, la forma en que funciona la sentencia en Colorado es que, dependiendo, por ejemplo, de qué tipo de delito grave ha sido condenado, eso le da a la corte un rango de sentencia", dijo.
Pero en Colorado, si se le declara culpable de un "delito de violencia", se extiende la sentencia mínima para cada delito, explicó Farrell.
"Y cada uno de ellos individualmente podría tener, digamos, un mínimo de cuatro años, o porque es un delito violento, un mínimo de ocho años. Pero cuando suma eso consecutivamente sobre esta cantidad de cargos, obtiene lo que es efectivamente una sentencia de cadena perpetua ," agregó Farrell.
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Otro factor que dice es que los fiscales, no el juez, tienen el poder de decidir de qué acusar al acusado en este caso.
"Entonces, si hubieran optado por imputar menos delitos, entonces este castigo prolongado no habría sido posible", dijo Farrell. "Una forma de pensar en esto es que le está quitando poder a la corte, quitando poder al juez y dándoselo efectivamente al fiscal. Y creo que eso es problemático porque los fiscales no son neutrales, cierto, están intentando condenar a alguien. Y mi percepción de la forma en que trabajan muchos fiscales es que intentarán conseguir la mayor cantidad de cargos y la sentencia más alta o más larga posible, mientras que ese no es el papel que tenía un juez ".
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Los cargos presentados en este caso fueron presentados inicialmente por un fiscal de distrito anterior del condado Jefferson.
Sin embargo, el fiscal Alexis King llevó el caso con los cargos presentados por el fiscal de distrito anterior.
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Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los cargos presentados, y si no, por qué no retiró los cargos iniciales y presentó otros nuevos, respondió en un comunicado que decía: "Los hechos y las consecuencias de las decisiones del señor Aguilera-Mederos ese día fueron lo suficientemente extraordinario como para respaldar la persecución de cargos de agresión en primer grado. Éticamente, no elegimos ni podemos elegir entre las víctimas, y el veredicto reflexivo del jurado en este caso refleja la solidez de la evidencia presentada y reconoce el daño que se les causó. "
En parte, King dijo en un comunicado que ella y su equipo solicitaron la sentencia mínima "permitida por la ley" y que "contemplaron un resultado significativamente diferente".
King dijo en el comunicado que su oficina inició negociaciones de declaración de culpabilidad "pero el Sr. Aguilera-Mederos se negó a considerar otra cosa que no fuera una multa de tráfico".
Este caso, dice Mark Silverstein, director legal de ACLU Colorado, arroja luz sobre la necesidad de que las leyes cambien.
"La declaración del fiscal, creo, está cerca de admitir algo que todos los abogados de defensa criminal saben, y es que los fiscales acumulan rutinariamente lo que son esencialmente sobrecargos o cargos pesados, un mayor número de cargos más de lo que creen que es justo o necesario. Y hacen esto para intimidar a los acusados para que renuncien a su derecho constitucional a un juicio ", dijo Silverstein. "Pero sí creo que debemos prestar más atención al poder, creo que rara vez se nota y rara vez es criticado de los fiscales porque son ellos quienes deciden cuánto tiempo pasa la gente en la cárcel y quién pasa tiempo en la cárcel y por qué cargos. Y los fiscales tendrían el poder, creo, de reducir el, lo que creo que es el sistema de castigo demasiado severo que tenemos en este momento en Colorado y el resto del país. Hay demasiada gente haciendo demasiado tiempo en nuestras cárceles".
Hay una forma en que la sentencia de Aguilera-Mederos podría tener la posibilidad de reducirse.
De acuerdo con el estatuto de Colorado sobre sentencias obligatorias por delitos violentos, dentro de los 91 días que Aguilera-Mederos es admitido en el Departamento de Correcciones, el departamento debe presentar un informe sobre su evaluación.
A lo cual el tribunal, en un caso "que considere excepcional y que involucre circunstancias inusuales y atenuantes, podrá modificar la sentencia, con vigencia no antes de los ciento diecinueve días después de su puesta en custodia del departamento".
Mientras tanto, el senador estatal republicano Bob Gardner del condado El Paso ya ha dicho que él mismo estudiará la sentencia.
Gardner también está en el Grupo de Trabajo de Reforma de Sentencias del estado, que dice que ahora está revisando las leyes de sentencia por delitos graves.
"Estoy interesado en cómo se ha desarrollado esto", le dijo a 9NEWS por teléfono. "Le he pedido a los fiscales y a los abogados defensores que me den su opinión sobre si este caso es una anomalía".
Gardner, quien dice que apoya las sentencias mínimas obligatorias en general, pero también apoya la discreción por parte de los jueces de los tribunales de primera instancia para otorgar las sentencias apropiadas, dice que quiere comprender mejor si esta instancia en particular es algo que al menos deberían analizar.
"Por lo tanto, la sentencia penal es algo que los legisladores y la Asamblea General deben tener en cuenta todo el tiempo para ver si son consistentes con la experiencia pública, el sentido de nuestras comunidades sobre lo que es apropiado y cómo esos estatutos realmente se aplican en los casos judiciales ", dijo. "Quiero entender más sobre este caso y cómo se desarrolla la sentencia en comparación con cualquier otro caso con sentencias mínimas obligatorias. Es importante si queremos considerar un cambio legislativo que lo hagamos de una manera que no cambiemos una política completa en este caso único, que en general funciona bien ".
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