DENVER — En una sesión de trabajo el jueves, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver discutirá dos propuestas de cambios a sus políticas relacionadas con los oficiales de recursos escolares (SRO por sus siglas en inglés).
Una de las propuestas, escrita por los miembros de la junta Auon'tai Anderson, Scott Esserman y Michelle Quattlebaum, exige que el superintendente establezca Oficiales de Recursos Comunitarios, oficiales del DPD que no están estacionados en escuelas específicas, pero están asignados a regiones y disponibles para ayudar según sea necesario.
La otra propuesta exige que el distrito "establezca políticas administrativas para cuando sea necesaria la presencia persistente de Oficiales de Recursos Escolares (SRO) en la propiedad escolar". El miembro de la junta, Scott Baldermann, escribió esa propuesta, pero "la discutió con otros miembros de la junta", dijo la subdirectora de personal del DPS, Deborah Staten.
Staten dijo que la junta considerará ambas propuestas y discutirá si se pueden reconciliar. Esperan tener una decisión final a fines de junio.
La política actual del distrito dice que el superintendente "No dotará a las escuelas del distrito con oficiales de recursos escolares o la presencia constante de seguridad armados con armas de fuego o cualquier otro personal encargado de hacer cumplir la ley".
En marzo, después de un tiroteo que hirió a dos miembros del personal en East High School, el superintendente Alex Marrero dijo que DPS agregaría un oficial armado a cada escuela secundaria. Reconoció que la decisión fue en contra de la política del distrito.
Marrero dijo en ese momento que el plan estaría vigente durante el resto del año escolar. La Junta de Educación respaldó la decisión del superintendente.
La junta escolar votó unánimemente en el verano de 2020 para destituir a 18 agentes de policía de Denver de sus escuelas y confiar en los propios agentes de seguridad del distrito escolar. La decisión se tomó en medio de protestas por la justicia social y se basó en datos que mostraban que la mayoría de los estudiantes multados y arrestados eran estudiantes negros y latinos de entre 10 y 15 años.
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